Comunicaciones privadas y economías ilegales
Cada día nuevos avances vuelven más novedosas las distintas tecnologías con las que interactuamos en nuestra vida. Tecnología más rápida, mayor rendimiento y almacenamiento, integración de múltiples funcionalidades en una sola herramienta, interoperabilidad y muchas cosas más que prometen mejorar la experiencia del usuario.
La comunicación de punto a punto a través de aplicaciones de mensajería no escapa de estas lógicas que nos terminan haciendo cada vez más dependientes de la tecnología. Comunidades, estados, grupos, stickers y promesas de comunicaciones privadas a través de protocolos que difícilmente alcanzamos a comprender, pero que de algún modo nos dan una sensación de seguridad al momento de compartir asuntos personales con nuestros interlocutores, son tan sólo un ejemplo de ello.
Frente a la creciente situación de vigilancia generalizada, la oferta de privacidad cobra gran relevancia, pese a que sigan existiendo quienes en su mayoría argumentan no tener nada que ocultar. Pues bien, quienes optamos por proteger nuestra privacidad tenemos distintos motivos para hacerlo que van desde lo personal a lo laboral o incluso motivados por modelos de amenaza que así nos lo exigen, y es precisamente ésto último una de las principales razones por las cuales los grupos de delincuencia organizada están optando por manejar sus comunicaciones a través de aplicaciones que les permitan mantener bajo reserva sus actividades.
Threema, Telegram, Signal y WhatsApp son algunas de las aplicaciones que criminales en Ecuador y el mundo utilizan para comunicarse y coordinar su logística y operaciones. Entonces, ¿debemos pensar que esas aplicaciones son nocivas y debemos evitar su uso?
La respuesta a esa pregunta es bastante simple: ¡No! Las aplicaciones de por sí no son malas, salvo que no estén implementadas correctamente y en realidad no protejan a sus usuarios como dicen hacerlo. Vale la pena recordar la siguiente analogía: Un auto puede ser utilizado para cometer delitos, entonces ¿deberíamos prohibir los autos? Una vez más la respuesta es: ¡No!
Recientemente uno de los creadores de Telegram, Pavel Durov, fue arrestado en Francia bajo el argumento de que la aplicación estaba siendo cómplice de ayudar a estafadores, traficantes de drogas y personas que difundían material de abuso sexual infantil. Si bien la aplicación era conocida por la falta de moderación en sus contenidos y su utilización por parte de grupos radicales de derecha, entre otros, el ataque a las plataformas digitales no es necesariamente la medida más efectiva para frenar el auge delictivo, más bien supone un precedente peligroso al criminalizar las herramientas que en otros contextos podrían facilitar la comunicación privada (Los chats de Telegram no están cifrados por defecto. Esa es una configuración que el usuario debe activar) de grupos de defensores de derechos, comunidades, movimientos sociales y demás personas cuyo trabajo depende en gran medida de poder gozar de condiciones seguras, libres de intromisiones, para sus comunicaciones.
Un caso menos conocido es aquel de Anom y la operación conocida bajo nombres como Trojan Shield, Ironside o Greenlight, en donde un proveedor de dispositivos de telefonía cifrada (Phantom Secure) se acercó al FBI con el fin de ofrecerles la posibilidad de instalar puertas traseras en sus dispositivos mediante la aplicación Anom, oferta que el buró aceptó con el fin de distribuir los aparatos en círculos criminales bajo la promesa de obtener comunicaciones privadas, para luego tener acceso privilegiado a sus comunicaciones y así lograr desmantelar redes de actividades ilícitas, tales como tráfico de armas, drogas y personas, lavado de activos, sicariatos, entre otros. La operación coordinada entre distintas agencias de inteligencia terminó con millones de dólares incautados, así como también autos de lujo, cargamentos de droga y más de 800 supuestos criminales detenidos en 16 países. En un contexto más local, la operación incluso tuvo impacto en el envío de cargamentos de droga desde Ecuador hacia Bruselas, puesto que los agentes estaban al tanto de todos los detalles de las actividades criminales de los grupos delictivos a cargo de esta operación.
Ahora, este último caso pone sobre la mesa la pregunta de si es necesario que las fuerzas del orden se infiltren en las plataformas de comunicación cifradas con el fin de frenar el avance del crimen organizado. La verdad es que, si ponemos en perspectiva los beneficios del cifrado de punto a punto, frente a las potenciales actividades ilícitas intervenidas, definitivamente las protecciones que tecnologías como el cifrado pueden brindar a grupos habitualmente perseguidos, como activistas, periodistas, defensores del territorio, entre otros, son significativamente mayores.
A esto debemos agregar la cuestión de si las plataformas que ofrecen seguridad y privacidad son privadas o, si por el contrario, son de código abierto. Hoy son muchas las plataformas que ofrecen cifrado de punto a punto (E2EE) a sus usuarios sin que éstos puedan tener la certeza de que en realidad nadie está teniendo acceso a sus comunicaciones, ya sea desde quienes manejan estas aplicaciones o peor aún a través de puertas traseras (backdoors) y es ahí precisamente donde las apps de código abierto cobran especial relevancia ya que en combinación con un cifrado fuerte, vuelven prácticamente imposible que actores maliciosos puedan acceder a nuestras comunicaciones y pasar inadvertidos.
En definitiva, no podemos criminalizar una u otra aplicación porque ésta sea usada por el crimen organizado. Las plataformas son herramientas pensadas para solucionar determinados problemas; el uso que decidamos darles parte de principios éticos que moldean nuestra forma de actuar como parte de una sociedad. La misma herramienta empleada para coordinar actos delictivos puede ayudar a coordinar acciones de organizaciones de sociedad civil, defensoras de los derechos humanos y es por ello que debemos priorizar los aportes positivos de las aplicaciones que contribuyen a la defensa y el fortalecimiento de la privacidad. El cifrado fácilmente puede convertirse en el factor determinante entre la vida y la muerte para personas y comunidades en riesgo alrededor del mundo.
Por todo lo anterior, los estados deben garantizar medidas de protección para el cifrado de las comunicaciones y abstenerse de vulnerar las protecciones que mantienen a salvo nuestra privacidad y nosotrxs, como consumidores de tecnologías, debemos hacer un uso consciente de las mismas, donde no únicamente valoremos nuestra capacidad económica para acceder a alternativas más seguras, sino que también consideremos que si la tecnología ha hecho posible que nuestros derechos estén más protegidos, nuestra responsabilidad para ejercerlos es ineludible.