Tecnología Soberana - ¿Qué tecnología debería gestionar realmente tu país?

En CAD creemos que la autonomía es una característica importante de tu vida digital. Esto se aplica no sólo para los individuos, sino también para los grupos de personas e incluso para los estados-nación. Cuando nos referimos a autonomía digital a nivel de un país, podemos hablar de soberanía. Esta palabra está estrechamente relacionada con lo que significa ser un país. La mayoría de los países lo toman como un concepto serio cuando se trata de su sistema financiero, sus intercambios comerciales y sus fronteras. Pero cuando se trata de tecnología, no vemos el mismo tipo de preocupación. La mayoría de los países patrullan sus propias fronteras con personas que son empleados directos del gobierno. Tienen un banco central que forma parte del gobierno. Los gobiernos no permiten que una empresa privada esté a cargo de la moneda del país. Pero ¿por qué cuando se trata de la infraestructura digital, muchos países hacen exactamente eso? Eso precisamente: ceder el control de sus infraestructuras a otros países o a empresas privadas.

En este artículo, queremos explorar algunas preocupaciones en torno a la soberanía digital, y por qué creemos que cualquier país debería tratar este tema con mucho cuidado. Daremos algunas recomendaciones sobre cómo creemos que los gobiernos deberían implementar la autonomía, tanto para proteger a su país como a sus ciudadanos.

En primer lugar, vamos a hablar de algo que es fundamental, tanto por sí mismo y como un requisito previo para muchos de los otros puntos. Se trata de la cuestión del software y si es abierto no. Muchos gobiernos pagan a empresas privadas para desarrollar software para gestionar dependencias del estado. Esto no tiene por que ser un problema.Es claro que no todos los gobiernos tienen el presupuesto para desarrollar ellos mismos todo su software. El verdadero problema surge cuando el software creado de esta manera no está a disposición de los ciudadanos. Para empezar, el software se paga con nuestros impuestos y debería estar a disposición de todos los ciudadanos del país. El otro problema es la seguridad. El software privativo no puede ser inspeccionado por los ciudadanos para comprobar que las cosas se hacen de forma segura. Esto también significa que es posible que este software tenga una calidad inaceptablemente baja, sin que exista forma alguna de responsabilizar a las partes. El gobierno necesita transparencia para funcionar. No basta con decir “confíen en nosotros”, sobretodo cuando los procesos de contratación están llenos de corrupción de todo tipo. Por estas razones, creemos que todo el software gubernamental debe publicarse bajo licencias de software libre.

También existen otras razones prácticas por las que el software libre funciona mejor para el sector público. En general, el software construido por entidades privadas, sin importar si son del mismo país o de otro, puede volverse difícil de mantener. Si la empresa que desarrolla el software desaparece, o se vuelve demasiado cara, puede ser muy difícil introducir cambios en el software propietario. Y de hecho, en algunos casos, puede que el gobierno ni siquiera sea el propietario del software. ¿Qué hacer si se depende de ese software, pero la empresa que lo escribió ha desaparecido? Con el software libre, es menos probable que esto ocurra. Si la calidad es lo suficientemente buena, se podrá encontrar a alguien que trabaje en él y la propiedad sobre el software ni siquiera será un problema.

Esto nos lleva a la cuestión del uso de servicios privados, o servicios que están alojados o controlados por otros países. Por ejemplo, los mensajes presidenciales a la nación retransmitidos a través de Facebook, los procedimientos judiciales transmitidos por Zoom para hacerlos públicos, los empleados públicos que utilizan Gmail o Yahoo para sus comunicaciones, o los funcionarios utilizan WhatsApp como medio oficial de comunicación.

Hay varios problemas con este enfoque. El primero es la accesibilidad. En algunos casos, no todo el mundo dispondrá de las cuentas necesarias para utilizar estos servicios o para acceder a contenidos que, por ley, deberían ser de acceso público. En relación con esto está el hecho de que la mayoría de estas empresas tienen términos y condiciones que les otorgan derechos tanto sobre los contenidos como sobre los visitantes a la propia empresa. ¿Es realmente correcto que para ver una audiencia pública haya que aceptar las condiciones de Zoom, quien utiliza tu información personal para sus propios fines? Sin embargo, los gobiernos obligan a sus ciudadanos a hacerlo. En algunos casos, ni siquiera está claro si esto es compatible con las normas y reglamentos. Y lo que es peor es que la mayoría de estos servicios no están en el país, lo que significa que los datos están expuestos a la legislación de otro país. Por tanto, si alguien quiere presentar una acción legal, es posible que ni siquiera pueda hacerlo en el mismo país.

Además de estos problemas, empresas como YouTube, Facebook o Zoom tienen pleno derecho a denegar transmisiones u otros contenidos si lo consideran oportuno. Esto ha sucedido con Zoom, por ejemplo, donde se han censurado a grupos basados en sus creencias políticas. ¿Qué ocurre si un funcionario del Gobierno da un discurso sobre la necesidad de una legislación antimonopolio para plataformas tecnológicas como YouTube? ¿Permitirá YouTube el contenido? No lo sabemos. Y eso da a una empresa de otro país el poder de censurar lo que pueda decir un funcionario del Gobierno. Además de todas estas cuestiones, muchas de las principales redes sociales y plataformas están construidas de tal manera que su uso en un sitio web filtra información sobre los visitantes a estas empresas. ¿Tiene sentido que un ciudadano que busca información gubernamental vea violada su intimidad porque el gobierno decidió incrustar un vídeo en el sitio web? Esto ocurre ahora mismo, en todo el mundo.

En relación con este tema está la cuestión de los llamados “servicios en la nube”, que se suelen utilizar para alojar aplicaciones de diversos tipos. Sin embargo, la mayoría de las nubes tienen su sede en Estados Unidos, lo que significa que estas aplicaciones están bajo el control de otra legislación y de una empresa privada. La mayoría de estas aplicaciones gubernamentales manejarán datos personales de los ciudadanos, lo que significa que estos datos tienen que exportarse a otro país.

Por último, otro problema viene con los servicios de uso común, pero no necesariamente bien comprendidos. Muchos gobiernos utilizan herramientas como Google Docs u Office 365. Mucha gente utiliza Google Translate. Pero ¿cuántas personas han revisado los términos y condiciones de estos servicios? Si redactas algo en Google Docs, ¿sigues siendo el propietario? Si un funcionario escribe información sensible en un documento de este tipo, ¿de qué manera puede filtrarse? ¿Puede utilizarse para entrenamiento de inteligencia artificial? Realmente no está claro.

Lamentablemente, las condiciones también pueden cambiar. Esto ocurrió con Zoom unas semanas antes de escribir este artículo. Y cuando eso ocurre, realmente no tienes elección. La mayoría de las veces, serás prisionero de las herramientas que estés utilizando en ese momento. Es mejor evitar esta dependencia desde el principio.

La verdad es que para que un país sea realmente soberano, los servicios digitales que utiliza el gobierno deben ser propiedad del propio gobierno. Cualquier otra alternativa da demasiado poder a otros actores y es fundamentalmente antidemocrático. Esto incluye tanto las aplicaciones, como a los servicios de alojamiento.

La mayoría de los países tienen leyes de protección de datos con el fin de protegerse contra este tipo de problemas. Sin embargo, en muchos casos, las leyes son ineficaces y están llenas de excepciones, especialmente para el sector público, lo que significa que es fácil eludir las leyes de protección para alojar servicios en otros países.

¿Qué tiene que pasar para que un país realmente tenga soberanía digital? En primer lugar, utilizar Software Libre para todo. Segundo, es necesario poseer los servicios necesarios para que el gobierno funcione. En la práctica, es una buena idea que cada gobierno tenga un consejo ejecutivo interministerial, en el que haya personas de la sociedad civil, la industria y el mundo académico, que puedan ayudar con la supervisión y las recomendaciones sobre cómo gestionar los servicios digitales. Esto incluye a las personas que puedan dar asesoramiento sobre incidentes de seguridad. Para que todo esto funcione, el Gobierno también tiene que animar a las empresas locales a crear los conocimientos que el país necesitará. En esta época de transición, es útil que el Gobierno también apoye a las empresas locales con asesoramiento sobre seguridad y otras necesidades de software.

Todo esto no es precisamente fácil, pero es necesario. En el mundo moderno, todo está conectado. Pero cada país necesita recuperar el control de su infraestructura digital, para que al menos pueda prestar los servicios que un país necesita para sus ciudadanos. Esto se está convirtiendo rápidamente en una cuestión crucial de derechos digitales en muchas partes del mundo.